Este martes, la Dirección General de Aduanas (DGA) informó que denunció penalmente a la empresa Ambiental Campana SA por presunto fraude, por lo que pidió a la justicia federal que se le aplique una multa mínima de 67 millones de dólares.
Para ser precisos, la DGA explicó que la denuncia se refiere a 119 exportaciones, hechas entre diciembre de 2022 y mayo de 2023, de oleínas y ácidos grasos que fueron sub-facturadas en más de 11,5 millones de dólares, con el valor real de las operaciones siendo de 16.765.044 dólares, y Ambiental Campana las declaró en Argentina en “poco más de 5 millones de dólares con una subfacturación de casi el 70%”.
A su vez, las exportaciones fueron realizadas a la República de Chile, y, a través de un cruce de datos en el INDIRA, el Sistema de Intercambio de Información de los Registros Aduaneros del MERCOSUR, la Aduana pudo descubrir las diferencias entre lo declarado en el país y en el Servicio Nacional de Aduanas del país trasandino.
Así, la denuncia se presentó por presunto fraude, según los términos del Artículo 863 del Código Aduanero y con la intervención del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana, del cual se encarga el Adrián González Charvay, Secretaría Penal N°3, a cargo del Dr. Felipe Scagliotti.
Sumado a esto, la DGA resaltó que, en las operaciones, intervino una firma radicada en los Estados Unidos como intermediaria, con la cual Ambiental Campana declaró no tener ningún vínculo comercial (en término del artículo 742 del Código Aduanero”.
"Sin embargo, no se aprecia un aporte tangible de valor agregado por parte del tercer operador estadounidense que justifique los márgenes de refacturación de las operaciones. De esa manera, se presume que la verdadera intención de la maniobra practicada por Ambiental Campana SA era ahuecar la base imponible de su operatoria en nuestro país para evadir el pago de tributos internos, además de faltar a la debida liquidación de divisas correspondientes a las exportaciones en cuestión", sugirió el parte oficial.
Por ello, el juez González Charvay ordenó la ejecución de 38 allanamientos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), así como en las provincias de Entre Ríos, Sante Fe y Córdoba.
En estos, se secuestraron computadoras, teléfonos, discos rígidos y documentación vinculadas con la causa, agregado a una de escopeta y dos revólveres, uno de los cuales no tenía habilitación, por lo que se dio intervención a la Unidad Fiscal de la ciudad de Gualeguaychú.