Dirigentes políticos, especialistas en comunicación y entidades que observan la violencia simbólica repudiaron las palabras utilizadas por Viviana Canosa y Laura Di Marco en LN+ al referirse a Cristina Kirchner y a su hija Florencia.
La Defensoría del Público está elaborando un preinforme a pedido de las audiencias sobre lo emitido por la señal de noticias del Grupo La Nación, para determinar si en el programa se incurrió en "discriminación", "odio" y "violencia política contra la mujer", por lo cuál podrían existir sanciones. El programa bajo estudio de la Defensoría se transmitió el jueves pasado dentro del marco del ciclo diario que Canosa tiene en LN+, durante su emisión la conductora junto a Di Marco se refirieron a una supuesta "anorexia nerviosa galopante" de la hija de la Vicepresidenta e hicieron hincapié en cuestiones personales de la joven, basándose en imágenes que Florencia Kirchner posteó en su Instagram y tratándola como alguien que padece una enfermedad, para luego especular sobre los motivos de su estado de salud.
El contenido del programa no tardó en dar gran repudio, con un primer comunicado de La Cámpora que responsabilizó a Julio Saguier y exigió que "alguien se haga cargo" por "el discurso de odio" de LN+, se fueron sumando otras voces como las de la titular de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau; el vicepresidente del Enacom, Gustavo López, y la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz. Las declaraciones de Canosa y Di Marco están siendo estudiadas desde la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, el organismo que cumple la función de pronunciarse en estos casos ya que vela por los derechos de las audiencias, el mismo, se vale de la normativa vigente en el tema que a su vez se basa en la Convención Interamericana de Derechos Humanos y en las especificaciones de las Naciones Unidas sobre discurso del odio. La Defensoría expresó que a solicitud de las audiencias sus equipos técnicos ya estaban trabajando "en reclamos referidos a las afirmaciones emitidas en un medio de comunicación sobre la Vicepresidenta y la salud de su hija", en alusión al programa de Canosa del último jueves, y manifestó que "en breve" se informará sobre el tema. Desde el organismo liderado por la periodista Miriam Lewin, no descartan que las manifestaciones de la conductora de LN+ y de su invitada hayan incurrido en las prácticas de "discriminación", "violencia política contra la mujer" y "odio". En el ámbito parlamentario, la diputada Cecilia Moreau (FdT) calificó los dichos de Canosa y Di Marco como "un acto de violencia contra mujeres" que forma parte de "una embestida de la que son parte medios, sectores políticos y empresarios", y disparó sobre la "complicidad de los dueños" de ciertas empresas periodísticas en la promoción de "la metodología constante del odio". "Lo que Juan dice de Pedro, dice más de Juan que de Pedro", puntualizó a su vez la legisladora desde su cuenta de Twitter, y completó: "Que dos mujeres (por Canosa y Di Marco) ataquen la maternidad, la salud y la vida familiar de Cristina y Florencia es una muestra más de la violencia que desde los medios se ejerce contra ellas". Con el foco puesto en la condición de género, la titular de la cartera de las Mujeres en la Provincia, Estela Díaz, sostuvo que "meterse con la hija de la Vicepresidenta y su enfermedad es pasar límites inaceptables" y que justificar las declaraciones de Canosa y Di Marco desde las filas de la oposición ayuda a seguir "bastardeando a la política". Otra voz en total repudio fue la del diputado Leopoldo Moreau (FdT), quien cuestionó el "discurso del odio" que atribuyó al programa de LN+ y aseguró que la intención del medio al promover ese tipo de mensajes es "practicar el 'periodismo de guerra' para desembocar en el linchamiento", una conducta que es "propia de cobardes y violentos". El vicepresidente del Enacom, Gustavo López, afirmó que "a título personal" repudia las "declaraciones estigmatizadoras, falsas y discriminatorias" a cargo de Canosa y Di Marco, y luego expresó que "para sancionar a un canal de noticias por violación a la ley existe un procedimiento" consistente en la intervención de "las áreas de fiscalización, evaluación y jurídicos del Enacom" para luego ir a la otra parte hasta que finalmente, "el directorio sanciona". Los especialistas en comunicación analizaron el contenido del programa de Canosa y sus potenciales derivaciones en materia judicial, un aspecto en el que se enfocó el investigador del Conicet Martín Becerra, para quien "el discurso odiante, agraviante y ofensivo" difundido este jueves desde LN+ "presenta todos los elementos como para que sea motivo de una demanda por el derecho al honor y la privacidad, porque la cuestión de la salud remite a un tema muy sensible como, eventualmente, una enfermedad". En diálogo con Télam, Becerra remarcó que en el hipotético caso de que las dos afectadas decidieran interponer una demanda civil, "muy probablemente haya elementos para que la emisora y también los responsables de la producción de ese programa sean solidarios o partícipes de la responsabilidad, porque hay responsabilidades ulteriores en los agravios, la violación del derecho al honor, la intimidad, el buen nombre, la reputación y la privacidad". A su vez, dijo que las palabras vertidas por Canosa y Di Marco no podrían ser definidas como "discurso de odio en términos técnicos", ya que los parámetros de la ONU y la Convención Interamericana de DDHH ese tipo de mensajes requieren "básicamente de que el discurso incite directamente a la violencia, por lo cual tengo que probar que quien lo pronuncia está llamando a cometer un acto violento contra una persona o grupo de personas". El sociólogo especializado en medios Daniel Rosso evaluó que "Canosa y Di Marco atravesaron un límite" para la práctica periodística que, consistió en "atribuir cuadros clínicos utilizando categorías psicológicas sin el mínimo rigor", "sin citar una sola fuente" y "usurpando saberes", en lo que configura un caso extremo "de ignorancia profunda y manipulación", describió. Para Rosso, el objetivo del posicionamiento editorial es "movilizar sentimientos de odio e irritación" contra la dirigencia que busca "construir la representación de los sectores populares", por lo que pretenden "aislarlos del resto de la sociedad" a través de "un odio creciente que, por su acumulación, puede producir agresiones, lesiones o hasta muertes".